#190. Jon me cuenta, como colombiano y apasionado de las ciencias políticas lo que ha estado sucediendo en Colombia las últimas semanas. La división del país, las guerrillas y una breve historia presidencial que nos lleva a la realidad (no romántica) de hoy.
¿Qué está pasando en Colombia?
Durante los últimos días de abril de 2021, estalló en Colombia otra marcha de proporciones históricas como respuesta a la desastrosa reforma fiscal.
Desde ciudades de todo el país se organizaron grupos de personas para manifestar su descontento con el gobierno y las políticas económicas que ha llevado a cabo en los últimos años.
Una nueva reforma fiscal en medio de la crisis
Todos los días, a las seis de la tarde, se emite el programa «Prevención y Acción» del Presidente. Es el 15 de abril de 2021 y el presidente Iván Duque anuncia un aumento de impuestos que afectará directamente a las clases medias y bajas. En palabras de Duque «Todo lo que se ha invertido para enfrentar esta crisis en Bolivia, en Ecuador, en Perú y en Colombia, y ustedes lo saben mejor que nadie, tarde o temprano habrá que pagar esa factura».
Con esta amenaza, el presidente recordó a los colombianos que las arcas del Estado están vacías y que las últimas 10 reformas fiscales introducidas por el ex-presidente Álvaro Uribe (2002, 2003, 2006, 2009), su sucesor en la presidencia Juan Manuel Santos (2010, 2012, 2014, 2016), y el propio Duque (2018 y 2019), aparentemente no tuvieron ningún impacto en la economía y, desafortunadamente, deben ser las mayorías empobrecidas las que restauren la misteriosa economía naranja del presidente Duque.
La importancia de la reforma fiscal
Pocos días después, el país vio con desconcierto cómo el ministro de Hacienda del país, el responsable de la redacción de la reforma, Alberto Carrasquilla, intentaba defenderla hablando de una docena de huevos y estimando el precio en 1.800 pesos. El ministro de Hacienda ignora que el precio de una cesta de 12 huevos es de unos 4.300 pesos y que la brecha entre el valor imaginario y el valor real es titánica para la mayoría de los colombianos.
La reforma gravará productos como el café, el azúcar, la gasolina, internet y los servicios funerarios, entre otros. En 2020, 67.000 personas murieron de covida en Colombia y se registraron 23,33 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. La muerte no sólo tiene una perspectiva existencial, sino también económica, y ambas son aterradoras para los colombianos: no se puede morir en Colombia.
Según el DANE, la Oficina Administrativa Nacional de Estadística de Colombia, la pobreza económica alcanzó el 42%, mientras que la pobreza extrema llegó al 15% en 2020, estas cifras siguen creciendo con la pandemia. El 4 de agosto de 2020, el gobierno aprobó un aumento salarial para los congresistas de cerca de 1,7 millones de pesos mensuales, pasando de 32.741.000 a 34.418.000 pesos (7291€ y 7664€), el mismo año en que el Congreso declaró que el salario mínimo de los colombianos debía ser de 877.802 pesos mensuales (195€).
Paro nacional 28A
Desde el 28 de abril, la reacción del pueblo se ha hecho patente en las calles. Las marchas organizadas por la oposición política, las asociaciones de trabajadores y los estudiantes inundaron las calles del país. Protestas del tamaño de una persona y del tamaño de miles de personas detienen las ciudades, y se acompañan de música y actuaciones de diversos artistas.
Cientos de vecinos se reúnen en diferentes lugares, hablando y finalmente huyendo de una fuerza policial que entra en escena con violencia como primer y único acto, esto último durante una transmisión en directo del DJ Juan de León.
El gobierno y los medios de comunicación tradicionales, radio y televisión, inundan las frecuencias con imágenes de violencia durante las marchas, presionando a la población para que se sienta alarmada ante la pandemia que recorre el mundo. Varios políticos comentan las marchas, acusándolas de vandalismo y violencia organizada, poniendo constantemente el valor de la propiedad por encima del valor de la vida e intentando deslegitimar la protesta.
En W Radio, uno de los programas de radio más populares del país, la doctora Carolina Corcho, vicepresidenta de la Asociación Médica Colombiana, fue preguntada por el impacto de las marchas en la salud pública. La doctora recordó entonces a los periodistas que las demandas de la Asociación Médica de medidas más restrictivas han estado sobre la mesa del presidente y su gabinete durante más de un año, y que han sido ignoradas o rechazadas con el argumento de que el país debe seguir trabajando y que la economía no puede soportar el aislamiento como en otros países del mundo.
Violencia, asesinatos y mucho más
A la incapacidad del gobierno del presidente Duque en materia de desarrollo económico del país y de hacer frente a la pandemia, se suma la negación estatal que ha llevado al asesinato de cientos de líderes sociales y a inundar el país de masacres y pobreza, una vez más, «nada» pasa en la Colombia de los gobernantes, mientras en la otra Colombia la gente muere violentamente.
La violencia del Estado provoca a todo un pueblo que, a pesar de la pandemia, vuelve a salir a la calle. Un Estado que se ha acostumbrado a decir que salva al país mientras éste se revuelca en la pobreza, la hambruna, las dificultades económicas y otras formas de violencia organizada; las noticias se llenan día tras día de violaciones, asesinatos y la certeza de que ninguna mujer, niño, persona queer, hombre negro, queer o cis, trabajador sexual o pobre está bajo la protección del Estado.
Pero esto no es nuevo.
El 9 de septiembre de 2020, miles de ciudadanos de la capital salieron a las calles para protestar por el brutal asesinato de Javier Ordóñez. Los funcionarios lo llevaron a una comisaría cercana donde lo torturaron hasta la muerte.
La violencia policial en Colombia parece ser sistemática, y la población ha tenido ya suficiente.
Huelga nacional indefinida
Desde el 1 de mayo, la policía antidisturbios ha matado a más de 45 personas, y decenas han desaparecido.
En Twitter, el ex presidente Uribe, da orden público: «Apoyamos el derecho de los soldados y policías a usar sus armas para defender su integridad y proteger a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico»: la policía y las fuerzas militares tiene permiso expreso de usar sus armas contra los civiles.
Las imágenes de un agente de policía disparando a un adolescente por la espalda inundan las redes sociales. Estas imágenes, junto con los cientos de asesinatos ya contabilizados, crean más espacio entre las fuerzas policiales altamente militarizadas y los civiles.
Muchas personas están protestando pacíficamente, se pueden ver muchas banderas y un coche con un hombre de pie sobre él con el puño levantado.
Para Colombia, la bandera es un símbolo del pueblo y no del Estado. La mayoría de las marchas y manifestaciones son pacifistas, diversas y creativas.
Desafortunadamente, al igual que las instituciones, la prensa en Colombia está sometida al poder. Las movilizaciones masivas son reprimidas y reducidas a meros actos de vandalismo.
La respuesta de las autoridades
El 2 de mayo, el presidente Duque retiró la reforma, pero insiste en recordar a los colombianos que es necesario actuar porque con la pandemia se ha adquirido una deuda. Al otro lado de las pantallas, el presidente recuerda que la población pobre les cuesta dinero: «Los programas que apoyan a los más necesitados dependen directamente de la reforma», el mensaje suena muy parecido a los secuestradores que exigen una recompensa por la vida de alguien.
De hecho, en ciudades como Cali, las autoridades han decidido incluso no realizar vacunaciones hasta que se respete el toque de queda. Y vaya extorsión.
Miles de colombianos siguen protestando en las calles, el gobierno hace oídos sordos, envía más policía militarizada y quiere creer que el único problema del país es la reforma y sus opositores.
Reflexiones finales
El fin de la represión gubernamental contra el pueblo colombiano parece aún más lejano que el fin de la pandemia. Las marchas continúan, planteando las siguientes preguntas: ¿Debe la policía tener tanto poder represivo? ¿Son realmente necesarias las capacidades represivas de un ejército cuando se enfrenta a un grupo de estudiantes, trabajadores o padres? ¿No debería la policía defender los intereses de estas personas, la mayoría de los colombianos, antes de defender los principios abstractos del «Estado colombiano» representado por un pequeño grupo de hombres y mujeres?
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Sobre este podcaster ninja
En internet soy Pau Ninja y aunque tengo muchos blogs de mil temáticas que me parecen interesantes… Sólo tengo un podcast. Este. En la senda hacia el conocimiento cambié la katana por un micrófono para combatir la sed de curiosidad.
