#387. España podría ser un paraíso pero está más quebrada que el cerdito que tenía cuando tenía 10 años. Una de esas charlas freestyleadas que tenía que sacarme del pecho.
España se enfrenta a importantes retos económicos y para superarlos necesita recuperar el impulso reformista que solía caracterizar al país antes de que se instalara la incertidumbre política.
Hay que centrarse en una serie de retos en el frente fiscal, un sistema de pensiones que es insostenible, un desempleo que sigue siendo muy alto, una productividad que es baja y un sistema educativo que no proporciona lo que España necesita. La resolución de estos problemas determinará la forma de la economía en el futuro.
Antecedentes
La fragmentación del sistema político, ha debilitado la capacidad de España para llevar a cabo reformas económicas. De lo que no cabe duda es de que España necesita un gobierno estable y duradero, capaz de aplicar reformas estructurales.
Pero hay desequilibrios que amenazan la sostenibilidad del crecimiento, y que hacen a España vulnerable en caso de otra crisis económica mundial. El gobierno se enfrenta a retos en el frente fiscal, en el maltrecho sistema de pensiones, una tasa de paro todavía muy alta, sobre todo entre los jóvenes, una productividad baja y un modelo económico que sigue basado de forma desproporcionada en el turismo y la construcción, un sector que está recuperando el dinamismo, una década después del estallido de una espectacular burbuja inmobiliaria, pero lejos del auge anterior debido a una obra pública muy reducida.
El reto fiscal
Tras años de austeridad, la presión para gastar más es cada vez mayor. El anterior Gobierno socialista prorrogó el presupuesto de 2018 y adoptó nuevas medidas de gasto e ingresos mediante un real decreto. Por el lado del gasto, las medidas incluyen algunas subidas adicionales de las pensiones y una serie de medidas de política social. Algunas medidas adoptadas en la ley de presupuestos aprobada por el último Gobierno del Partido Popular, como la subida salarial de los trabajadores del sector público, el restablecimiento de la subida anual de las pensiones ligada a la inflación y la rebaja fiscal para las rentas bajas, tendrán un impacto presupuestario este año. La capacidad de gastar más es muy limitada, a menos que se produzca un aumento sustancial de los ingresos públicos, por efecto del crecimiento y de la subida de impuestos. Los recortes fiscales están descartados.
Además de lidiar con un déficit fiscal en la última década, la deuda pública también se ha disparado -del 36,3% del PIB en 2007 al 97% en 2018-. La deuda apenas ha disminuido desde 2014, cuando se situaba en el 100%. El servicio de la deuda supone una parte importante del gasto y su tamaño hace que España sea vulnerable a las subidas de los tipos de interés internacionales. Excluyendo los intereses pagados por la deuda, el Estado obtuvo el año pasado un pequeño superávit primario equivalente al 0,72% del PIB.
Un sistema de pensiones insostenible
No faltan las advertencias desde dentro de España (Banco de España) y desde fuera (FMI y OCDE) de que el sistema de pensiones del país se encamina a una crisis si no se toman medidas a tiempo para restablecer su sostenibilidad. En esencia, una mezcla tóxica de la jubilación de los baby boomers de los años 60, una esperanza de vida alta y creciente (una de las más altas del mundo, 83 años) y una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo (1,25) está haciendo que la reforma de las pensiones sea una cuestión urgente. El número de muertes ha superado a los nacimientos desde 2015, lo que supone un cambio demográfico importante. El año pasado hubo 56.262 muertes más que nacimientos, la cifra más alta registrada.
Las reformas aprobadas en 2011 y 2013 hicieron algunos ajustes que contrarrestaron el impacto del envejecimiento en el gasto público en pensiones, pero las medidas incluidas en los presupuestos de los últimos años retrasaron la aplicación de un factor de sostenibilidad y reintrodujeron la revalorización anual de las pensiones en función de la inflación (eliminada a partir de 2014, cuando la subida anual se fijó en el 0,25%, muy por debajo de la inflación, salvo que el sistema pudiera permitirse más). La reforma para tener en cuenta el aumento de la esperanza de vida en el cálculo de las pensiones se retrasó de 2019 a 2023.
En el contexto actual de un sistema de seguridad social enfermo, el restablecimiento de la indexación a la inflación se considera en gran medida una medida irresponsable y populista. La decisión fue tomada por el gobierno en minoría del Partido Popular para asegurarse el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV) para su presupuesto de 2018. Aumentar las pensiones cada año en función de la inflación puede parecer justo, pero en el contexto del maltrecho sistema español añade una cantidad importante a la factura de las pensiones.
Se prevé que la proporción de mayores de 66 años respecto a los de 16 a 66 años se duplique entre 2018 y 2050. En otras palabras, habrá menos personas en edad de trabajar para apoyar a los que se han jubilado en el sistema de reparto. Por cada persona mayor de 66 años, sólo habrá dos personas de entre 16 y 66 años. En 2050, España tendrá 15 millones de pensionistas, frente a los 8,7 millones actuales.
La Seguridad Social es deficitaria desde hace una década y es la principal razón del déficit de las administraciones públicas (en 2018 fue del 1,41% del PIB, más de la mitad del déficit total). Las cotizaciones a la Seguridad Social se desplomaron como consecuencia de la crisis posterior a 2008, cuando el desempleo se disparó y los salarios se redujeron en términos reales, mientras que el gasto en pensiones, mucho menos vinculado a las fluctuaciones económicas, mantuvo su crecimiento en términos reales.
El desfase entre los ingresos por cotizaciones y el gasto en pensiones se cubrió en gran medida hasta 2016 mediante el agotamiento de una reserva especial creada en el año 2000 durante la bonanza económica de España. Ese fondo alcanzó un máximo de 66.800 millones de euros en 2011. En 2017 y 2018 el desfase se cubrió recurriendo a préstamos del Estado (10.200 y 13.800 millones de euros, respectivamente).
El Tribunal de Cuentas criticó este método en mayo de 2019 por «afectar negativamente» a la solvencia de la Seguridad Social y pidió que el déficit de las pensiones se cubriera con impuestos.
Hay que tomar medidas por el lado de los ingresos y del gasto. El Banco de España señala que, aunque la tasa de empleo crezca de forma significativa, para mantener el actual ratio de prestaciones tendría que haber un enorme aumento de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. El número de cotizantes ha crecido, pero todavía está alrededor de un millón por debajo del máximo de 20,7 millones en 2007.
Los primeros pasos para aumentar la edad de jubilación, un aspecto importante para la sostenibilidad del sistema de pensiones, se dieron en 2011, y se completarán en 2027, cuando será de 67 años (para los trabajadores con menos de 38,5 años de cotización).
El Gobierno debe poner en marcha otras medidas para reforzar el sistema de pensiones, como hacer más atractivos los planes contratados por particulares (la cantidad desgravable se redujo de 12.000 a 8.000 euros en 2015). Sin embargo, ahorrar está fuera del alcance de una gran parte de la población activa, que apenas se las arregla. La tasa de ahorro de los hogares se situó en una tasa históricamente baja del 4,9% de la renta bruta disponible en 2018, muy por debajo del máximo del 13,4% en 2009.
También hay fuertes desincentivos para compaginar el trabajo con una pensión completa. España es uno de los únicos siete países de la OCDE que aplica límites a los ingresos por encima de los cuales se reducen las prestaciones de la pensión combinada. Las pensiones de los que siguen trabajando se reducen en un 50%, aparte de los autónomos que ganan menos del salario mínimo o contratan al menos a un trabajador. Además, los trabajadores que siguen en activo y reciben una pensión no adquieren derechos de pensión adicionales, aunque pagan una contribución especial de «solidaridad» del 8%, que no se aplica a los que siguen trabajando y aplazan la pensión.
Conseguir que el sistema de pensiones sea sostenible es un reto complejo y muy importante que requiere que todos los niveles de la sociedad sean plenamente conscientes del problema (algo que todavía no ocurre) y que se hagan sacrificios para que el sistema no se resquebraje.
Una tasa de desempleo persistentemente alta
Entre los jóvenes, la incidencia del paro de larga duración según el tiempo de duración en desempleo se sitúa en el 18,7% sobre el total de los parados jóvenes de 16 a 24 años, frente al 35,1% en los adultos.
En total, alrededor del 25% de los trabajadores tienen contratos temporales y, por tanto, precarios. El sistema dual de «outsiders» (los que tienen contratos temporales) y «insiders» (los que tienen contratos indefinidos) es una de las señas de identidad del disfuncional mercado laboral español.
Los trabajadores temporales fueron los primeros en perder su empleo cuando la crisis financiera llegó a partir de 2008, especialmente en el sector de la construcción, que perdió 1,3 millones de puestos de trabajo entre 2008 y 2018. El número de viviendas iniciadas se desplomó de un máximo de 865.561 en 2006 a unas 100.000 el año pasado, lo que pone de manifiesto la profundidad de los tambaleantes cimientos sobre los que rugía la economía.
En los últimos 40 años, España se ha caracterizado por sus altos niveles de desempleo en comparación con otros países desarrollados, incluso cuando la economía crece a un ritmo rápido durante un período sostenido. Las comparaciones con la última década del régimen de Franco (1939-75) no son justas porque el casi pleno empleo de la última década de la dictadura fue posible gracias al considerable pluriempleo para llegar a fin de mes, a la bajísima participación femenina en el mercado laboral y a la emigración masiva por motivos económicos (2,75 millones entre los años 50 y 1973). Aparte del periodo de la burbuja inmobiliaria (2002-08), la tasa de paro de España ha estado al menos cinco puntos porcentuales por encima de la de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, 10 puntos más a principios de los 90 y 15 puntos en 2013 y 2014. Incluso en 2007, en pleno auge económico, la tasa de paro de España era un 8% «históricamente bajo» (la tasa media de la eurozona), un nivel elevado para países como Alemania y Reino Unido.
Las empresas se quejaban de que no encontraban trabajadores cualificados para cubrir los puestos de trabajo, lo que llevó a algunos economistas a situar la tasa de desempleo estructural de España en el 8%, independientemente del ciclo económico y especialmente entre las mujeres y los jóvenes.
Los trabajadores salieron del régimen de Franco con una seguridad laboral férrea, y esas protecciones se mantuvieron. La democracia trajo consigo sindicatos políticos de clase, pero la legislación laboral paternalista fue vista como una «conquista obrera» y la libertad política dio a los sindicatos el músculo para explotar las regulaciones laborales franquistas (ordenanzas).
Todos los gobiernos de los últimos 40 años han adoptado reformas laborales de uno u otro tipo (52 entre 1980 y 2015), pero el problema del elevado desempleo no ha desaparecido. El primer gobierno socialista introdujo la contratación temporal en 1984 como medida excepcional para hacer menos rígido y más flexible el mercado de trabajo y adecuar su funcionamiento a la norma europea (España entró en la entonces CEE en 1986). Al mantenerse este sistema, los empresarios se apresuraron a utilizar y abusar de estos contratos, creando el sistema de dos niveles que persiste en la actualidad. En 2012, las reformas del Partido Popular, las más profundas hasta la fecha, permitieron a las empresas renunciar a los acuerdos colectivos de fijación de salarios dentro de las industrias y llegar a sus propios acuerdos con los trabajadores. También otorgaron a las empresas mayores poderes discrecionales para adoptar medidas internas para limitar la pérdida de puestos de trabajo. También se modificó la normativa sobre despidos, redefiniendo las condiciones de un despido procedente. Las indemnizaciones por despido improcedente para los trabajadores con contrato indefinido se redujeron de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 meses a 33 días por año con un máximo de 24 meses y se eliminó el requisito de autorización administrativa en el caso de los despidos colectivos. La indemnización por extinción de contrato indefinido en caso de despido por causas objetivas se fijó en 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses.
Estas reformas suavizaron la legislación de protección del empleo, aunque la indemnización por despido de los trabajadores fijos en términos relativos sigue siendo de las más altas de los países de la OCDE. Las reformas, sin embargo, han reducido la tasa de crecimiento del PIB necesaria para crear empleo, lo que ha estimulado la creación de puestos de trabajo en los últimos cinco años.
El modelo económico español, muy basado en la construcción y el turismo, que requieren mucha mano de obra y son poco productivos, es también parte del problema del desempleo, ya que no proporciona puestos de trabajo de forma sostenida. España tiene un número muy elevado de pequeñas empresas: menos del 1% tiene más de 50 trabajadores (frente al 3% de Alemania). Las empresas necesitan ser más grandes para tener economías de escala, lo que les permitiría exportar con más éxito, entre otras cosas. El turismo, que genera el 12% del PIB, es una industria especialmente estacional. Canarias, por ejemplo, recibió 15,6 millones de turistas en 2018 (siete veces la población de las islas) y su tasa de paro fue del 21% en el primer trimestre de este año.
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Sobre este podcaster ninja
En internet soy Pau Ninja y aunque tengo muchos blogs de mil temáticas que me parecen interesantes… Sólo tengo un podcast. Este. En la senda hacia el conocimiento cambié la katana por un micrófono para combatir la sed de curiosidad.
